En un Estado de derecho las sentencias se asumen, aunque no se compartan. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la sentencia del fontanero general del Estado, y eso que no la he leído. Pero me parece incomprensible que no incluya pena de prisión. Que el fiscal general de una democracia europea haya utilizado su puesto para intentar acabar políticamente con un rival del partido del gobierno es una de las ideas más abyectas que se me ocurren. Desde luego, el premio Montesquieu a la separación de poderes no se lo lleva. Y tampoco consigo comprender que no haya sido condenado, además, por obstrucción a la justicia. Y menos aún que la inhabilitación sea solamente para el cargo de fiscal general durante dos años y no para cualquier cargo público y de por vida. Conociendo el paño, no descarto que acaben haciéndolo ministro, delegado de gobierno en Madrid o embajador ante la Santa Sede. Pero, como le dijo un amigo imaginario a don Álvaro, «la verdad no se filtra; se defiende». Que es exactamente lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Y ya que estamos con amigos imaginarios, uno me ha dicho a mí que «las pruebas no se destruyen; se muestran». Y que «las penas no se debaten, se cumplen».

(Este párrafo forma parte de un texto que se publicó originalmente en ABC el 22 de noviembre de 2025. Al ser contenido premium, solo puede ser leído íntegramente aquí. Si no se han suscrito, les animo a que lo hagan. La suscripción es muy barata a cambio de muchísimo y necesitamos más que nunca prensa libre).